domingo, 12 de diciembre de 2010

Inundaciones y vivienda.

Cada año, miles de personas se ven afectadas por los deslizamientos y las inundaciones; vivimos en una tragedia permanente que cuesta dinero y vidas y que puede ser perfectamente evitada con un poco de carácter y sentido común.


Las construcciones ilegales en las riveras de los caños, lagos, embalses, ríos o quebradas no puede permitirse porque en general estos son terrenos inestables o son terrenos que son afectados por crecidas estacionales o súbitas que ponen en peligro las viviendas, los enseres y la vida de quienes construyen allí. Además hay que pensar que la mayoría de estas construcciones usan estos cuerpos de agua como drenaje y como botadero de basura lo cual deteriora su calidad y los hace peligrosos para el consumo humano o su uso agrícola o industrial. Una tercera consideración es que en las cercanías de los cuerpos de agua, suelen vivir los vectores de varias enfermedades tropicales –como el dengue, el paludismo o la bilharzia- que terminan invariablemente afectando a quienes viven en sus orillas. Además, la construcción de viviendas en las márgenes de los ríos trae consigo desforestación y por lo tanto causa erosión en las mismas lo cual reduce la vida útil de los embalses y dificulta el uso del agua para el consumo humano.


Un caso claro de esto lo constituyen los embalses que suministran agua a la ciudad de Caracas. Enormes barriadas se han establecido en las riveras de La Mariposa y de Lagartijo y sus aguas negras caen en sus aguas y por lo tanto terminan en los grifos de los habitantes de Caracas, aumentando los casos de hepatitis A, meningitis, amibiasis y diarreas con un enorme costo para los sistemas de salud del país, para las empresas cuyo personal no puede ir a trabajar y en calidad de vida de los habitantes de la ciudad.


Otro caso emblemático son las inundaciones estacionales que ocurren en las cercanías del lago de Valencia. Los ciclos de crecimiento y decrecimiento del Lago de Valencia se han determinado ya con claridad y constituye una irresponsabilidad de las autoridades permitir la construcción de viviendas a su alrededor pues invariablemente terminarán anegadas con las consecuencias que ya todos sabemos.


Pero quizá el caso más emblemático –reciente y sin embargo olvidado- fue la tragedia de Vargas en el año 1999. Las lluvias torrenciales causaron 20mil muertos, miles de desaparecidos y miles de millones en pérdidas. Sorprendentemente hoy en día vuelve a haber construcciones en los mismos lugares que mostraron ser inestables o cauce de torrentes en esa oportunidad.


Los venezolanos no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando un nuevo desastre. Hay que empezar a prepararse y la mejor preparación –incluso mejor que la de equipar y entrenar a nuestras fuerzas de protección civil, cosa que no debe olvidarse- es la de evitar los riesgos e interceptar las tragedias antes de que sucedan.


Hay que diseñar un plan. Un plan coherente, aplicable a corto, mediano y largo plazo, un plan que sea aplicado con constancia y sin miramientos populistas y que pueda ser ejecutado de una manera sostenible en el tiempo y no solo cuando haya chorros de ingreso petrolero.


En primer lugar no se puede seguir permitiendo que las personas construyan viviendas –sin importar su calidad- en lugares de riesgo como terrenos inestables o en las cercanías de ríos o quebradas. Hay que dejar en claro que no se trata de una medida en ataque de los pobres –todo lo contrario- se trata de una medida para su protección y beneficio: Si logramos evitar que se construyan viviendas en los lugares de riesgo, evitaremos cada año las situaciones de emergencia en las que miles de personas pierden sus viviendas, sus enseres y en muchos casos la vida; así como la posterior presencia de grupos de damnificados a los que no hay donde reubicar y que pasan semanas, meses o hasta años brincando de albergue en albergue.

En segundo lugar, hay que buscar el mecanismo para ir reubicando paulatinamente a las personas que ya viven en zonas de riesgo. Esta es una tarea que no es fácil, será costosa y sus dimensiones son titánicas, pero es mejor trabajar ahora que en medio de un desastre –como el de Vargas- . Cómo hacerlo? Pues hay que construir desarrollos urbanísticos en sitios seguros e ir reubicando a la gente barrio por barrio. Y hablamos de desarrollos urbanísticos enteros y no solo de viviendas, esto quiere decir que estos desarrollos deberían contar con escuelas, liceos, ambulatorios, espacios comerciales y culturales y áreas para establecer en el futuro polígonos industriales y transporte público de calidad. Los venezolanos ya hemos hecho esto antes –y lo hemos hecho con éxito a gran escala en la alguna vez radiante Ciudad Guayana- así que no es una tarea que no podamos realizar. Es costoso, pero parte se puede financiar con lo que los reubicados deberán pagar por sus nuevas viviendas. Hay que recordar que en su mayoría, los barrios en peligro se encuentran en terrenos invadidos y quienes viven allí no son dueños de esos terrenos, por lo que la oferta de una vivienda propia no tiene porqué sonar un-atractiva para ellos.


Queda además el problema de qué hacer con los barrios que han sido desalojados. En primer lugar habría que demolerlos. Los escombros –que serán muchos- podrán usarse para obras de infraestructura como represas o para construir diques que protejan algunas zonas de la crecida de los ríos o como relleno para puertos, aeropuertos o en zonas costeras. Posteriormente, habrá que reforestar estos espacios e integrarlos nuevamente a las ciudades en forma de parques, de áreas protegidas o de reservas forestales y de fauna de tal manera que no puedan ser invadidos de nuevo.


Cierto que un plan cómo este podría ser muy impopular, pero los venezolanos no somos tontos y si se explica a la gente de una manera inteligente y clara el porqué de estas medidas hay muy buenas oportunidades de reducir –o incluso eliminar- el malestar social que podrían causar. También se trata de un proyecto costoso, pero si se implementa de manera cuidadosa los costos pueden reducirse.

Habría beneficios tremendos –aparte del evidente ahorro de recursos y de vidas humanas que se pierde en cada tragedia- que no pueden ser desdeñados: la creación de empleos honestos por varios años para miles de personas, la descongestión y el aumento de áreas verdes -y por lo tanto una mejora de la calidad del aire- de nuestras ciudades, la disminución la incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua y la protección de las cuencas de nuestros ríos y lagos que al fin y al cabo representan el agua que beberemos en el futuro.

Imagine una Caracas rodeada de bosques en lugar de ranchos de lata, imagine un Lago de Valencia limpio donde las familias puedan ir a pasar el fin de semana. Suena utópico, pero es posible; este plan no es descabellado. Podemos hacerlo. El marco legal existe ya, por ejemplo la Ley de Aguas indica por ejemplo cual es la distancia mínima que debe existir entre los diferentes cursos de agua y las construcciones y existen zonificaciones municipales que indican dónde y qué tipo de construcciones se pueden hacer en cada zona.

El Gobierno debería tomar el toro por los cachos e invertir ahora en un plan como el que hemos descrito, que indudablemente traerá más beneficios a nuestros ciudadanos que todos los tanques y fusiles de Rusia y de la China juntos. Una tragedia como la de Vargas puede ocurrir una vez, pero sólo la estupidez y la irresponsabilidad pueden justificar su repetición.

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